La política lingüística en casa de Montserrat Rojas, en Sant Andreu de Llavaneres, a 35 kilómetros de Barcelona, disponía de sus particulares reglas. Ella y su compañero hablaban a su hija en catalán desde que nació, hace cinco años, aunque la pareja, entre sí, se comunicaba en castellano. Todo funcionaba a la perfección hasta que llegaron los abuelos paternos, procedentes de Córdoba. No se entendían con su nieta. Entonces fueron conscientes de que tenían un problema -el de la incomunicación- y de que se avecinaba otro mayor: doblegar la política lingüística de la Generalitat de Cataluña para que la niña catalanohablante pudiera aprender el otro idioma oficial de su comunidad y entender a sus abuelos. Todo un reto para la normativa nacionalista, que impone en las escuelas el catalán como único y exclusivo idioma propio.
«Nada más nacer nuestra hija teníamos el propósito de que mi compañero se dirigiera a ella en castellano. Pero comenzó a ir a la guardería y allí sólo se hablaba en catalán. Estuvo dos años. A consecuencia de ello, la niña le pedía a su padre que le hablara en catalán. Lo consideraba como lo normal. Rehuía hablarle en castellano, le daba vergüenza».
Hasta entonces, Montserrat y su compañero habían previsto escolarizarla en catalán «porque dábamos por supuesto que la niña sabría castellano por su padre. Como no fue así, decidimos escolarizarla en español».
Tras la incomunicación con los abuelos, Montserrat y su compañero explicaron a su hija «que hablar español no debía darle vergüenza. El papá volvería a hablarle y a comprarle libros en este idioma, porque también era su lengua. Con suavidad, le dijimos que había que respetar el español, que era igualmente idioma de nuestro país. Ella siempre se refería a su país como Cataluña. Le explicamos que no, que su país era España. No era sólo un problema de lengua, sino que tuvimos que desintoxicarla del adoctrinamiento».
Para Rojas, el conflicto que surgió en su hogar nace «de que la escuela en Cataluña no es bilingüe. Si lo fuera, la niña vería que los dos idiomas son normales». El mismo problema lo viven otras muchas familias en su comunidad. «El hermano de mi marido y mi cuñada proceden de Andalucía, pero nunca habían sufrido la imposición lingüística. En su trabajo no tenían que hablar catalán. Pero al tener una hija y dejarla en la guardería todo el día, cuando llegaban a casa sólo hablaba en catalán y, claro, ellos no la entendían».
La propia Montserrat Rojas, que se crió en una familia catalanohablante, defiende que la solución sería que la escuela en Cataluña fuera bilingüe «con la mitad de asignaturas en catalán y la otra en castellano. Creo que no perjudicaría a nadie, ni siquiera a esos nacionalistas que dicen que el catalán se puede perder».
Ante la imposibilidad de escoger la lengua de enseñanza para su hija, a finales del curso pasado, Montserrat y su compañero se enfrentaron a un reto: solicitar el español para su hija en el colegio público en el que está escolarizada. «La directora nos puso una cara muy rara y nos dijo que no nos preocupáramos, que iba a tener dos horas de castellano. Le pregunté por la tercera hora y me contestó que, en caso de darse, sería la de informática. Me pareció fatal, ¿qué castellano iba a aprender en informática? Le dije que no, que quería que le dieran todo el curso en castellano».
La directora sugirió a Montserrat que llamara al inspector de la zona, que en esas fechas estaba de baja médica. «Me atendió una chica para disuadirme de lo que le pedía. Le dije que conocía mis derechos, que sí se podía hacer. Entonces retrocedió y afirmó que ya me contestarían».
Al cabo de unos días, Montserrat recibió la llamada de la directora del colegio para decirle que le habían concedido que su hija estudiara en castellano. Ayer, dos días antes del comienzo del curso, le informaron de que se ajustarían a la atención personalizada. «Sé que no va a servir de mucho. No hay libros en castellano, así que obligatoriamente tendrá que estudiar con los que están en catalán. Sé que le hablarán en castellano en algún momento. Estoy contenta, porque así no sólo se beneficiará mi hija, sino otros niños en la clase».
Ahora, Montserrat teme que en la nueva Ley de Enseñanza, que la Generalitat está ultimando, «este resquicio legal de que un profesor pueda hablar en castellano en algún momento de la clase a mi hija o a quien lo solicite, pueda desaparecer».
Esta excepción, tras una sentencia judicial, está contemplada sólo para los alumnos de 1º y 2º de Primaria cuyos padres lo soliciten por escrito en el momento de la matriculación en el centro.
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