Chufas y trufas.

Artículo de María Jesús Cañizares en el ABC.


Izquierda política: dícese de aquellos partidos que consideran prioritario el progresismo y la consecución de la igualdad social. Es posible que al Gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV-no le gusten las etiquetas porque en el ejecutivo que preside José Montilla es difícil encajar progresismo con coches oficiales de lujo o hacer compatible la igualdad social con las subvenciones que promueve el nacionalismo.
Anecdótico o no, el caso del «coche tuneado» del presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, ha puesto en evidencia la política de gastos de las administraciones catalanas, cuando menos de dudosa utilidad. Lo ha hecho en plena crisis económica y de ahí, la tormenta política social y política. Porque el derroche del tripartito no es nuevo y existen precedentes de partidas presupuestarias que rozan lo absurdo -informes adjudicados a dedo para estudiar la chufa o diseñar un parchís-, que trascienden las fronteras patrióticas -embajadas en el exterior o subvenciones a escuelas instaladas en Francia- o que podrían humillar al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que cobra la mitad que su compañero de filas, el presidente Montilla.
Estos son sólo algunos ejemplos de la gestión de un tripartito que nació en 2003 con el propósito de dar un toque de austeridad a la Generalitat, en contraposición a un Gobierno de CiU, a su juicio caracterizado por el exceso de personal y el favoritismo en la concesión de subvenciones. Cinco años después de que la izquierda asumiera el mando de la Generalitat, el número de altos cargos ha pasado de 149 a 242, el personal al servicio de la Generalitat roza las 180.000 personas -en 2003 ascendía a 126.510- y el personal de confianza eventual asciende a 323, frente a los 227 de hace cinco años. Algunos asesores cobran como directores generales, unos 87.000 euros al año. Asimismo, el presidente Montilla ha decidido subirse el sueldo en base a un supuesto convenio laboral, a pesar de que votó a favor de congelar el sueldo de los diputados del Parlamento catalán.
Es precisamente en este hemiciclo donde también se han adoptado algunas decisiones controvertidas. Benach ha sabido rectificar y retirar los extras instalados en su «Audi 8», pero persiste un acuerdo, firmado por todos los grupos políticos, que permite a los consejeros de la Generalitat que todavía conservan el acta de diputado, cobrar dietas por desplazamiento pese a tener coche oficial. Este es el caso de Josep Lluís Carod-Rovira, que al residir en Tarragona, percibe una cifra mayor, 30.156 euros al año, que la que cobra por ejemplo el ecosocialista Joan Saura, quien recibe 21.605 euros porque su domicilio está situado en Barcelona.
La Generalitat gastó en 2007 un total de 31 millones de euros en informes adjudicados a dedo, algunos de dudosa utilidad
«Feng Shui»
Saura fue muy crítico con la decisión del republicano Benach de gastarse 9.200 euros en accesorios para su coche oficial, pero muchos recordaron al consejero de Interior los 31 millones de euros gastados en la remodelación de las dependencias de su departamento, cifra que incluye la aplicación de técnicas «Feng Shui», convencido de que el color y la colocación del mobiliario contribuye a aumentar la productividad y mejorar el ambiente laboral.
De Saura, que también dirige el área de Relaciones Institucionales, dependen muchas campañas institucionales. La más reciente, denominada «Som-hi», es estrictamente corporativa y no tiene ninguna finalidad informativa, pero ha costado nada menos que 1.019.828 euros.
Y Saura otra vez fue el encargado de elaborar, a petición del PP, la relación de informes técnicos encargados a dedo a personal externo afín al tripartito y que, en 2007, supuso un gasto de 31 millones de euros. Informes que, por otro lado, podrían haber sido realizados perfectamente por funcionarios de la Generalitat cuyo volumen, como se ha dicho, ha aumentado en los últimos años de gobierno tripartito.
Cuando ABC divulgó los títulos de algunos informes, el malestar se convirtió en indignación: «La evaluación de la población del pescado azul», 140.000 euros; «Estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa», 11.965 euros; «Estudio sobre plantas aromáticas, trufa negra y pasto de los Pirineos», 156.400 euros; «Seguimiento de la concha brillante», 27.956 euros. El pitorreo que vino después, no tiene precio. La Fiscalía de Cataluña investiga si el Gobierno catalán incurrió en algún delito.
Uno de los departamentos que más dinero mueve es el de Vicepresidencia, dirigido por el republicano Josep Lluís Carod-Rovira. El presupuesto de 2009 contempla 2,2 millones de euros para delegaciones, oficinas y misiones en el exterior, cifra que supone un aumento del 63% respecto al año anterior. Carod tiene previsto abrir «embajadas» el año próximo en México y Argentina, y sus responsables cobrarán lo mismo que Apel.les Carod, colocado por su hermano al frente de la oficina de la Generalitat en París: 87.569 euros al año.
Casas regionales
Carod-Rovira controla también las ayudas a entidades dedicadas a fomentar el catalán allende las fronteras. Durante la primera mitad de este año repartió seis millones de euros a colegios franceses, «casales» o casas regionales distribuidas por todo el mundo o entidades deportivas minoritarias cuyo principal mérito es competir a nivel internacional, como la federación de bolos o la de fistball. Promocionar el nacionalismo a través del deporte es uno de los objetivos del departamento de Carod. La Asociación para el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas ha cobrado 275.000 euros en esos seis primeros meses de 2008. De hecho, la Generalitat ha duplicado las ayudas que concedía el Gobierno de CiU.
Las ayudas al pancatalanismo se han convertido en un clásico. A lo largo de 2007, Vicepresidencia concedió subvenciones que superan los dos millones de euros a entidades con sede social en la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y el sur de Francia con la finalidad de fomentar la lengua la cultura y la identidad catalana en esos territorios.
Suma y sigue. Existe una partida convertida en saco sin fondo: el alquiler de oficinas. El tripartito gasta al año más de cien millones de euros, lo que dispara el coste en mensajería y seguridad hasta 23 millones de euros. La dispersión de las dependencias de la administración autonómica es uno de los motivos de esa cuantiosa cifra y del importante parque móvil que posee, 95 vehículos y 134 conductores en plantilla para dar servicio a sus más de 200 altos cargos. Además, el Gobierno catalán tuvo que subcontratar a una empresa de taxis de lujo, Litoral Limousines, para cubrir los servicios a los que no llegaba la flota oficial. Todo ello con un coste en vehículos de 4,4 millones en 2007. El problema de dispersión fue solucionado en el País Vasco y Galicia con la creación de la «ciudad gubernamental» donde se concentran las oficinas.
Pero el Gobierno de Montilla ha encontrado una forma de sufragar parte de todos estos gastos: la imposición de multas a los comercios no rotulados en catalán. El tripartito lleva recaudados 241.475 euros desde 2003 tras imponer 420 sanciones. Esa política se enmarca en el fomento de la lengua catalana, que merece capítulo aparte, pues sólo en 2007, la Generalitat destinó 156 millones de euros. A destacar, una vez más, los 61 millones de euros otorgados en ayudas a entidades situadas fuera de Cataluña