Las 17 Españas no se entienden.

Aunque parezca algo de sentido común, hasta este año los Gobiernos de Aragón y de Castilla y León no se habían puesto de acuerdo sobre cómo debe organizarse la atención sanitaria en las zonas limítrofes entre las dos comunidades. Qué ambulancia debe acudir, a qué hospital hay que trasladar al enfermo y quién lo paga. Convenios similares los han firmado también este año Castilla y León con Galicia y el País Vasco con Cantabria. Son, respectivamente, una comunidad del PP, otra del PSOE, otra gobernada por el PNV y otra con presidente regionalista, simplemente llegando a acuerdos entre ellas para facilitar la vida a sus ciudadanos.
Pero las cosas de sentido común no siempre forman parte de la agenda política. Enrique Gómez Campo es el director general de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, y reconoce que las comunidades autónomas "tienen la tendencia a no hablar entre sí". La percepción del ciudadano, gracias en parte al debate político, es que los problemas los debe solucionar el Estado. Nadie mira al vecino.

El terror de cualquier empresa que quiera operar en toda España (y de cualquier periodista de ámbito nacional, disculpe el lector la queja) es que alguien le diga: "Lo sentimos, pero eso es competencia autonómica". La descentralización del poder en España es un éxito incontestable. Pero en asuntos de competencia autonómica no es raro encontrarse con 17 sistemas distintos de contabilidad, normativas distintas o formas de aplicar una ley.

En una comparecencia parlamentaria reciente, el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentó un informe de fiscalización del sector público autonómico con datos de 2003. Núñez denunció que las diferentes formas de contabilidad de las comunidades "han limitado la posibilidad de ofrecer una información homogénea". Esto le sucede al Tribunal de Cuentas, pero son más conocidos casos como el de las listas de espera, donde hay una ocultación deliberada de los datos y nadie tiene poder para hacerlos públicos. Responsables del Gobierno reconocen que en ocasiones es más sencillo tener estadísticas de la UE que de España.

Un caso sangrante es el de la Ley de Dependencia, uno de los proyectos estrella del área social. Las autonomías, que son las que deben evaluar a las personas que requieren ayuda, envían sus datos al Ministerio de Educación y Política Social, que los publica en su web, pero algunas sólo aportan datos globales consignados a la casilla "sin especificar", lo que no permite saber si el afectado está efectivamente recibiendo la ayuda o no, ni de qué tipo (económica, plaza residencial, etc), lo que impide conocer el grado de cumplimiento de la ley.

La burocracia sanitaria es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ciudadano, aunque nadie se vaya a quedar sin atención médica. "En la asistencia sanitaria un ciudadano español no debe tener problemas en ninguna parte del país", aclara Gómez Campo, porque los derechos en este ámbito son los mismos en toda España.

Pero hay otros ámbitos sanitarios donde se pueden dar problemas. Por ejemplo, en noviembre de 2006 la Comunidad Valenciana anunció que no pagaría las recetas de medicamentos firmadas en otras comunidades autónomas. La medida no afectó a turistas ni a viajeros de paso, pero sí a pueblos fronterizos de Castilla-La Mancha. Según el Gobierno valenciano, las farmacias fronterizas estaban dispensando un número muy importante de recetas de pacientes geriátricos de localidades fronterizas. Al no contar como habitantes valencianos, se producía una "desviación de fondos" de una comunidad a otra.

Curiosamente, aquel año el lobby Farmaindustria había denunciado que la Comunidad Valenciana tenía una deuda con las farmacéuticas de 607 millones de euros, el 28% de toda la deuda farmacéutica del sistema sanitario español, seguida por Andalucía y a mucha distancia de las demás.

Ante estos problemas, el PP pone la vista en el papel del Estado. "No hay un elemento homogeneizador y eso perjudica la libre disponibilidad del ciudadano, la movilidad", dice Juan Manuel Moreno, responsable de Política Autonómica del PP. Moreno aporta sus propios ejemplos a la descoordinación. Las licencias de pesca y de caza son distintas en todas las comunidades. Se puede tener licencia para pescar en una orilla de un río pero no en la otra orilla, donde, vaya usted a saber, a lo mejor hay una sombra más agradable. "Si vas en tren de Madrid a Barcelona con un perro, atraviesas tres comunidades con tres normativas distintas sobre protección de animales", expone Moreno.

El dirigente del PP apunta una cuestión que no pocos empresarios han denunciado, y es que se puede romper la unidad de mercado. "Por ejemplo, si quieres hacer una red de clínicas veterinarias, tienes que adaptarla a todas las normativas". Para Moreno, es un ejemplo de que "a veces, hacemos lo contrario de lo que hace la UE". Europa unifica criterios y España los divide por 17. Para este partido, el principal problema es no terminar de definir las competencias, que el Estado ejerza el liderazgo y garantice "la igualdad de derechos". "Nuestro modelo es complicado y muy caro. Tenemos una sensación de Estado inacabado que acabará por hacer de España un Estado inviable".

Sin embargo, hay asuntos en los que el Gobierno apenas puede hacer más que ofrecer un despacho de un ministerio para reunir a consejeros autonómicos y engrasar acuerdos. El portavoz de la Entesa Catalana en el Senado, Carles Bonet, suele bromear diciendo que el único sitio donde se reúnen las comunidades autónomas (y no todas) es la FORTA, el órgano que agrupa a las televisiones. Y si se puede llegar a acuerdos entre todos en materia de televisión, se tiene que poder sobre cualquier cosa.

Desde el PSOE ponen más el acento en el tempo del desarrollo autonómico que en los desajustes. Para María del Mar Moreno, responsable de Política Territorial, el Estado está "en proceso de construcción". Se han constituido las comunidades, se les ha dado competencias y dotación económica y después se ha reforzado la coordinación desde Madrid. "Estamos entrando en una fase, nueva y necesaria, donde hay que mejorar la coordinación horizontal [entre comunidades]", dice Mar Moreno. Un terreno donde "la Constitución no dice nada, porque no hay una cultura de colaboración que nazca de la Constitución".

Para Mar Moreno, son pocos todavía los asuntos exclusivos donde el Estado no tenga nada que decir. Pero además, "hay una limitación política, muy poca cultura política de cooperación y colaboración". Y añade: "Todo lo contrario. Hay cierto frentismo. Todos los asuntos que se ponen sobre la mesa tienden a contaminarse del debate político. Debería ser natural que una comunidad del PP se pusiera de acuerdo con otra del PSOE". Moreno rechaza también las quejas sobre la burocracia sanitaria: "No conozco un ciudadano español que no haya sido atendido en otra administración que no sea la suya. No tiene ninguna consecuencia práctica".

A la espera de que se concrete alguna fórmula, actualmente los convenios entre comunidades autónomas como los citados al principio son el único instrumento de cooperación que hay previsto. Sólo se han firmado 47 en toda la democracia, aunque su número aumenta cada legislatura. En toda, la pasada se firmaron 12, mientras que sólo en 2008 ya van una decena. Estos convenios se conocen porque la Constitución obliga a enviarlos al Senado para que dé su consentimiento (algo que hace sin pestañear) antes de ponerlos en práctica. La mayoría de estos convenios son en materia sanitaria. La semana que viene se firmará otro entre Castilla y León y Extremadura.

Joan Lerma es el presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que es la que tramita los convenios. "Estos problemas se pueden resolver con mayor cooperación entre las comunidades autónomas", opina Lerma. El ex presidente de la Comunidad Valenciana (1982-1995) cree que "una reunión entre las comunidades sin el Gobierno se mira con recelo, por una tradición centralista. Gracias en parte al discurso de la derecha, se ve como la antiespaña".

Por concretar, "que se reúnan las comunidades y se pongan de acuerdo en homologar las licencias de caza debería ser lo normal", dice Lerma. "En Alemania, los länder se reúnen precisamente para evitar que el Gobierno federal se meta en determinadas cuestiones y nadie piensa que eso sea poner en cuestión el Estado". Pero hay una resistencia difícil de vencer. Lerma pone como ejemplo el debate de la financiación autonómica. Es más fácil políticamente discutir con el Gobierno que con 16 iguales. Es más fácil reclamar a Zapatero que exponer tus argumentos enfrente posición. "Con el discurso actual, parece que todo el dinero sale del Estado, y no se ve que lo que piden se lo pueden estar quitando a la comunidad de al lado".