Noticia publicada en Lavozlibre.com
Dieciocho millones de españoles, el 43 por ciento de la población del país, carece del acceso a la enseñanza en español, libre y gratuita. La situación afecta a los habitantes de Cataluña, Islas Baleares, Galicia, País Vasco y parcialmente a Navarra y a la Comunidad Valenciana. Los padres no tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a centros escolares en los que el castellano sea la lengua vehicular -en la que el profesor se dirige al alumno-, ya que en cuatro comunidades autónomas y parcialmente en otras dos, no existen colegios o institutos, públicos o privados, en los que educarse en el idioma común del país, reconocido como oficial en el artículo 3 de la Constitución.
A ello se suma la imposibilidad legal de crear colegios o institutos en español financiados por los propios padres para paliar esta situación discriminatoria, ya que las comunidades autónomas, a las cuales el Estado ha ido transfiriendo las competencias educativas de forma gradual pero imparable en los últimos veinte años, aplican la normativa lingüística regional en los contenidos y sanciona o cierra aquellos centros que no respeten esa reglamentación.
La situación es tan paradójica que, por ejemplo, en Vigo funciona desde el presente curso un colegio, el ‘O Castro International School’, que ha tenido que ampararse en la legislación y el sistema de enseñanza norteamericano – en concreto- , para poder incrementar algunas horas las clases y asignaturas en español.
Aún así, el gallego sigue presente por imposición legal en algunas de las asignaturas troncales. Aunque carece de ayudas oficiales y es totalmente privado, la Xunta podría haber ordenado su cierre de no mantener esos contenidos.
Por el incremento de un par de horas más de asignaturas en castellano, muchos padres españoles llegan a pagar mil euros al mes. Lo mismo sucede en Baleares con el colegio ‘Àgora Portals’, un centro que muy pocos pueden permitirse y que sortea la legislación amparándose en el bilingüismo inglés-español. En ese río revuelto, los inspectores de enseñanza encuentran mayores dificultades para controlar qué asignaturas se imparten en qué idioma.
COLEGIO COLOMBIANO O EN PORTUGAL
En la misma línea, en la provincia de Pontevedra, surgió la iniciativa de fundar un colegio colombiano o peruano, para que el español fuera su idioma oficial de enseñanza –igual que un colegio británico tiene el inglés como lengua vehicular- pero la iniciativa no llegó a buen puerto por falta de colaboración de las embajadas. Otra opción que se barajó y que ahora está en suspenso desde que hace algo más de un mes perdió el poder en Galicia el bipartito de PSOE y BNG, impulsores de la aplicación severa de la normativa lingüística en las escuelas, fue la posibilidad de construir un colegio justo tras la frontera española con Portugal, en territorio luso. De esa manera podría sobrevivir un centro en español, dado que el Estado portugués, por reciprocidad legislativa con España, respetaría el castellano, situación imposible a este otro lado de la línea fronteriza. Los alumnos serían trasladados a diario en autobús.
La situación es aún más difícil si se tiene en cuenta que en las comunidades autónoma afectadas no existen libros de texto en castellano, que la editoriales ya no imprimen porque le sistema educativo de esas comunidades ni los demandas ni los permiten. Tampoco está permitido usarlos aún comprándolos en regiones limítrofes.
Ni escuelas, ni profesores, ni libros, ni actividades extraescolares pueden expresarse en castellano en Cataluña, Islas Baleares y Galicia –mientras no se modifique la legislación y los inspectores reciban una contraorden-, además del País Vasco –donde sólo el 5% de los alumnos de Primaria tienen acceso completo al español- Navarra –donde la situación es cada vez más asfixiante en la parte norte de la comunidad-, y la Comunidad Valenciana –donde depende del azar del colegio más cercano, si se estudia en línea en valenciano o de inmersión al valenciano-. La Generalitat Valenciana ha dejado en manos de los profesores el idioma en el que impartir las clases en los colegios. Aunque sólo sea por puro sistema de blindaje profesional ante la posible incorporación de maestros de otras comunidades, los profesores locales se aseguran la falta de concurrencia eligiendo la lengua local. La población total de esas comunidades supera los 18 millones de personas. Unos españoles para los que el artículo 3 de la Constitución es papel mojado.
